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Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, igual que todo el mundo tiene derecho a ejercer su trabajo. Vivimos en un país (o nación, o estado, o reino, como usted prefiera llamarlo) en el que se supone que somos libres de expresar nuestras opiniones. Cualquiera tiene el derecho de manifestarse a favor de los gazatíes, de los israelíes, de que le pongan un semáforo en el pueblo o de que los deportistas puedan doparse. Cualquier ser humano también tiene derecho a manifestarse contra el XDS Astana, el Bahrain Victorious o el UAE Emirates, equipos ciclistas participantes en la recién finalizada Vuelta a España que están financiados por regímenes autoritarios e incluso absolutistas que violan una considerable lista de derechos humanos. Sin embargo, nunca lo ha hecho.

Lo sucedido las últimas semanas durante la Vuelta, con el colofón de las suspensiones de los finales de etapa en Bilbao, Mos y Madrid, ha impedido la libre labor de unos trabajadores que pueden secundar o no dicha protesta y lo único que hacen es tratar de cumplir un contrato por el que perciben un salario. La Vuelta, que además de una dura, preciosa e importante carrera ciclista es una gran empresa de promoción del país en todo el mundo, afronta a raíz de las ‘manifestaciones’ un problema de grandes dimensiones, ya con la salida de 2026 comprometida con el Principado de Mónaco. Y la culpa es única y exclusivamente de unos políticos irresponsables que la han malherido en su propio beneficio. Que han mancillado una competición deportiva y al deporte, ese mismo al que se arriman para la foto con la copa y las medallas. Solo hace falta leer que más de uno ha hablado de unas “manifestaciones pacíficas” que se han saldado con más agentes del orden heridos (22) que detenidos (2).

‘Manifestaciones’ similares estuvieron a punto de acabar con la existencia de la ronda española en 1978. Los ‘manifestantes’ no diferían en demasía de los actuales. Entonces, el clima antiespañol ya era irrespirable en el País Vasco. La última etapa, dividida en dos sectores, quedó anulada. El sector matinal, una etapa en línea entre Amurrio y San Sebastián, tuvo que ser neutralizado, aunque sí se completó, con victoria de Txomin Perurena en el velódromo de Anoeta. Cuando el pelotón se asomaba a Durango, prado abajo rodaron decenas de troncos hacia la carretera, que quedó bloqueada. ¿Le suena de algo? Aunque la contrarreloj vespertina se disputó, los resultados no contabilizaron para la clasificación general y no hubo vencedor de etapa. Algunos espectadores llegaron a agredir a varios ciclistas, lanzándoles tierra y arena a la cara y cortando su paso con tablones e incluso señales de tráfico. Sí, a mí también me suena de algo.

La Vuelta quedó herida de muerte. El Correo Español-El Pueblo Vasco, diario que la organizaba desde hacía casi un cuarto de siglo, renunció a seguir adelante por las amenazas de ETA, presiones que alejaron la carrera de Euskadi durante más de tres decenios, hasta su regreso en 2011. Solo el empeño de Luis Puig, presidente de la RFEC y futuro máximo mandatario de la UCI (1981-1990), y el esfuerzo de Unipublic, empresa comandada por Enrique Franco —cero parentesco con el caudillo— y Felipe Sáenz de Trápaga garantizaron su supervivencia, mutada en esplendor gracias a un fenomenal y largo trabajo de décadas que ha situado a la carrera a la altura de las otras dos grandes vueltas, Tour de Francia y Giro de Italia.

El daño ya está hecho. Solo queda esperar que la Vuelta, y futuros eventos deportivos que tendrán lugar en España, no tengan que sufrir los problemas generados por las ‘manifestaciones’ de 1978. Al fin y al cabo, los que amamos el deporte solo queremos seguir disfrutando con tranquilidad de nuestra pasión, gobierne quien gobierne.